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Como improcedente fue calificada la última acción de protección propuesta por los representantes del Consorcio KAVI en contra el Municipio de La Concordia, respecto a la terminación unilateral del contrato correspondiente a la construcción de los sistemas de alcantarillado de esta ciudad. 

En esta ocasión, la Corte Provincial de Justicia de Manabí revocó la sentencia, declarando sin lugar la acción constitucional con medida cautelar y en tal virtud, queda vigente la decisión del GAD de La Concordia (Resolución No. GADMCLC-RA-LDAA-20220732), de fecha 17 de junio de 2022, tomada por el alcalde David Álava. 

Cabe recalcar que, estas acciones iniciaron después constatar mediante informes técnicos y económicos, el nivel de incumplimiento por parte de KAVI. En cifras el administrador del contrato indica que en total la obra muestra un avance del 47.75% ejecutado.

Desde marzo último, la máxima autoridad municipal busca con este proceso legal hacer justicia para los concordenses y continuar la obra con otra empresa. Sin embargo, el trámite fue suspendido por una primera medida cautelar impuesta por parte del representante del Consorcio KAVI, en el cantón Puerto López.

Y solo hasta el 18 de mayo, la defensa de Suárez hizo efectivo el descargo de pruebas. Finalmente, el 30 de mayo, en una nueva audiencia, La Concordia recibía la noticia que se revocaba la medida cautelar impuesta ya que este Cabildo no había violado ningún derecho en el debido proceso. 

Sin embargo, los demandados (KAVI), nuevamente interpusieron otra acción por el mismo acto con fecha 23 de junio de 2022 contra este GAD. Siendo este último, el argumento que permitió en nuestra defensa, que se compruebe el afán de dar largas al proceso de una u otra forma, al insistir en algo ya juzgado a favor de los concordenses. 

Fue así, que de conformidad al Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se realizó una revisión integra del proceso y valoración de la prueba aportada, se constató que no existe vulneración alguna de derechos establecidos en la Constitución, ni en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Es decir, que ya no tienen razones para continuar alegando sus pretensiones o nuevas demandas, por la misma causa.

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